Sobrecostos de alimentos y contrato de publicidad tienen contra la pared a la Gobernación de Sucre

Varios funcionarios de la Gobernación de Sucre están inmersos en la indagación preliminar que le abrió la Procuraduría General de la Nación al gobernador Héctor Olimpo Espinosa.

 

Una queja -anónima- señaló a un contrato de publicidad que tenía un valor alrededor de los 200 millones de pesos, que lo suscribió la Gobernación con la Corporación Ondas, representada por Boris Señas, que estando en ejecución ( los medios contratados de forma sesgada y con periodistas amigos o de la rosca cercana a la jefatura de prensa) fue liquidado a finales del pasado mes de abril.

Cabe anotar que en ese entonces, la Gobernación indicó,  con la Secretaría Privada ( que ahora asumió las Comunicaciones) que decidió liquidarlo porque no era necesario debido al buen comportamiento en la pandemia con un solo caso en el departamento en ese momento.

Igualmente se afirmó, desde esa administración,  que la terminación del contrato no se originó por corrupción, sino por principios de pertinencia y austeridad.

“(…) Se observa que al parecer se presentaron irregularidades en el proceso de contratación adelantado por la Gobernación del departamento de Sucre, celebrado con ocasión de la declaración de del estado de emergencia sanitaria por causa de del nuevo coranavirus Covid-19 (…)”, esbozó la Procuraduría.

En la queja anónima contra la Gobernación por el contrato de publicidad también hay otra denuncia contra la Alcaldía de Sincé por presuntas irregularidades en unos contratos celebrados con la ESE de ese municipio por supuestos sobrecostos. También  por la entrega de  ayudas humanitarias porque, según el denunciante, “los mercados tienen un elevado costo y los beneficiarios han sido los amigos del alcalde y los concejales que lo acompañaron en su coalición”.

Los sobrecostos en Sucre, pan de cada día

 

La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública asumió el caso y está averiguando sobre presuntas irregularidades en varios contratos, de los cuales 5 de ellos corresponden a la adquisición de 100 mil mercados para familias vulnerables del departamento de Sucre por 14 mil 868 millones 765 mil 627 pesos, durante la Cuarentena por el Coronavirus.

Tal queja disciplinaria fue instaurada por el ciudadano Andrés Montesino Madera argumentando presuntos sobrecostos.

 

 

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